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La inteligencia que lleva
a la constitución de la epistemología, en cuanto supone una
racionalidad de la ciencia, tiende a debilitar la ontología de la
naturaleza. Es un movimiento que conlleva, de forma gradual pero
inexorable, una reflexividad segunda que se distingue del
procedimiento reflexivo espontáneo y pone en vilo la condición
última de la experiencia inmediata. Por esa razón de Bachelard[1] a Agamben[2], particularmente para la diferenciación que el profesor
de Venecia establece entre Foucault y Kuhn, respecto al planteo
político de la ciencia, la distinción entre esta última y la
sociedad se torna difusa.
En tal medida, hablar de
“institucionalización de la ciencia”, como lo hace Víctor Bacchetta[3]
con relación a una “presentación en sociedad” de la Academia
Nacional de Ciencias, merece ser objeto de consideración crítica. El
artículo de Bacchetta no apunta a la cuestión epistemológica ni de
un estatuto teórico de la ciencia, en cuanto no sólo es excelente en
la información que brinda a guisa de puesta en perspectiva histórica
de las academias de ciencias, sino que además por su propio cierre
subraya de forma sucinta pero aguda, la cuestión política que
encierra esta Academia Nacional de Ciencias, en un momento de
significativa movilización social contra el
mega-empresismo de
sustentación tecnológica.
Visto desde el punto de
vista periodístico y político, el artículo no merece objeciones,
sino quizás ante todo extensiones, intención que guía este texto de
blog. La cuestión es que la ciencia no es separable, desde el punto
de vista de su desarrollo actual, de la institucionalidad. Esto no
refiere primigeniamente al Estado sino, por la misma constitución de
la reflexión epistemológica a la que aludíamos anteriormente, a la
propia institucionalidad social. No existe conocimiento científico
que no suponga una comunidad científica, cuya forma de
institucionalidad -no necesariamente la de una Academia Nacional de
Ciencias- subyace en la misma condición de tal asociación académica.
Puesta al límite de la posibilidad pública, cualquier actividad
académica se apoya institucionalmente en el propio derecho, en
cuanto la normativa jurídica admite la constitución de “asociaciones
de hecho”. Tampoco la personería jurídica es condición suficiente
para la regulación pública del saber, que en el presente incluso
supone la intervención periodística -particularmente en la
orientación denominada "periodismo científico", que se ejerce a
partir de la propia libertad de opinión. Esta subsunción de la
verdad científica en la comunidad pública quizás encuentra su origen
en la misma inserción del saber en la polis, que según Jean-Pierre Vernant constituye la fuente misma de la democracia griega, en
cuanto se confió los “misterios” religiosos al ámbito ciudadano,
arrebatándolos al monopolio del Basileus[4].
Parece difícilmente
sostenible, por consiguiente, la asociación que establece Bacchetta
entre “institucionalización de la ciencia” y la instalación de una
Academia Nacional de Ciencias. Pero por el contrario, parecen
plenamente pertinentes las observaciones que despliega respecto al
contexto que transluce esta instalación.
En primer lugar, tras
reseñar las diferencias entre las distintas academias nacionales de
ciencias, desde la primera instalación de la Academia de Ciencias de
Francia por Luis XIV, Bacchetta observa que el caso uruguayo se
coloca a medio camino entre la academia “de Estado” y la
academia
“reconocida por el Estado”. La observación, tan aguda como
significativa con relación a nuestro contexto, apunta a señalar una
curiosa condición híbrida, que no parece propicia a la delimitación
de esferas de pertenencia, pero habilita por el contrario, a atenuar
rasgos de formalización política entre gasas de anomia ideológica.
En efecto, no se ve lo que tendría para ganar una institucionalidad
científica adherida a la normativa estatal desde el punto de vista
crítico -postura cuestionadora que sin embargo los científicos
suelen reivindicar como el propio núcleo de su paradigma teórico.
En segundo lugar, el
artículo señala la curiosa vecindad que presenta este organismo con
relación a otras competencias ya instaladas, en cuanto cita la
propia normativa de la Academia Nacional de Ciencias, que estipula
atribuciones que supuestamente no vendrían en desmedro de otras
instaladas. Sin duda, la primera aludida es la Universidad de la
República, que parece curiosamente superpuesta, o mejor dicho,
supeditada en las misiones que le atribuye su propia Ley Orgánica[5],
de cara a un organismo de Estado que vendría a asesorar y orientar
en materia de… ciencia.
En tercer lugar Bacchetta
relata en un breve e incisivo párrafo final, que la “presentación en
sociedad” de la Academia Nacional de Ciencias sufrió a vista y
paciencia de sus miembros de número, además de otros dignatarios
allí destacados, la tumultuosa visita de un grupo de activistas
ambientalistas. En medio de una exposición en temática geográfica,
los manifestantes dieron fe de la inquietud que los prometidos
asesoramientos y pronósticos suscitan, por parte de un organismo tan
equívocamente vinculado al poder, entre los destinatarios de tal
provisión bienhechora del saber.
Tanto en la perspectiva
política como desde el punto de vista teórico, ese tríptico que a
nuestro juicio articula críticamente el texto de Bacchetta, quizás
pudiera ser objeto de comentarios y desarrollos que van desde la
teoría hasta la actualidad más notoria. Caben sin embargo, ante el
debate que la propia colectividad científica uruguaya inaugura de
cara a la comunidad, incluso tras una propalada “presentación en
sociedad” de esta Academia Nacional de Ciencias, algunas
apreciaciones de carácter contextual a partir del artículo que
comentamos.
En primer lugar,
hemos señalado en un artículo anterior[6],
una curiosa perspectiva que fuera presentada en un documento público
de ADUR con relación al debate que ese gremio, en aras de la
participación el orden docente en la Universidad de la República,
llevara adelante en la perspectiva de una nueva Ley Orgánica de la
misma universidad. Curiosamente, ese texto presentado por miembros
del gremio, sostenía que la universidad debiera instalar una
“adaptabilidad normativa”, paradójicamente vinculada a la misma
norma de ley, que le permitiera presentar sus propuestas
institucionales a los poderes públicos sin rigideces formalizadas.
Se trataba de una suerte de instrumentación política, que planteando
el horizonte de las transformaciones posibles en la condición
universitaria, disolviera tanto los bloqueos corporativos internos
como las presiones políticas del Estado. En buen romance, la
estrategia universitaria se confiaba a una eficacia política, antes
que a una significación institucional cristalizada normativamente,
en una suerte de política académica que se desvinculaba de anclajes
públicos. Algo así como el credo político apolítico de la
tecno-ciencia.
Quizás esta “sabiduría” de
cierta parte de la academia uruguaya tenga que ver con los fracasos
que conoció, en lo político e ideológico particularmente, la
política de “flexibilización” académica que cierto sector impulsó
desde mediados de los 90’. Jaqueada por la memoria cultural de la
izquierda uruguaya, particularmente intensa en el movimiento
estudiantil, esta tendencia se encuentra sin embargo fuertemente
confrontada por la deriva neoliberal, que en dispositivos tales como
los “Acuerdos de Bolonia”, no cesa de ganar un terreno tan extenso
como minado -particularmente tras la crisis de las subprime que
desde 2008 parece no tener fin, en particular por el descaecimiento
de la “flexibilización” en el sentimiento social.
En segundo lugar, la
“substitución” de las atribuciones que le competen a la Universidad
de la República por la Ley Orgánica, que comienzan a caer en desuso
relativo ante homólogas potestades que el Estado atribuye a
organismos paralelos, es una tendencia ya instalada
exitosamente desde años atrás. Cabe recordar que la creación de una
Agencia Nacional de Investigación e Innovación fue resistida sin
éxito por un significativo número de académicos, que vieron cómo la
misma izquierda política en la que depositaron la confianza en una
mejora sustancial de la condición universitaria, conspiraba para
orientar sus decisiones financieras hacia destinatarios con
significación electoral diversificada. A esa creación le siguió la
de un Instituto Nacional de Evaluación y desde ya está en marcha,
con gran viabilidad política, una Universidad Tecnológica que
violenta de forma expresa un criterio básico de la autonomía
universitaria, al instalarse con la participación de gobiernos
departamentales (léase caudillos locales) en sus “consejos
directivos”[7].
En tercer lugar, con
relación al efecto público de una denuncia por parte del activismo
ambientalista y otros sectores movilizados, eventualmente
contrapuestos a intervenciones investidas de autoridad científica,
conviene observar que la manifestación que refiere el artículo no
encontró eco en la gran prensa. Análogamente, la tumultuosa
manifestación “por la tierra y la soberanía” que tuvo lugar a
mediados de octubre, no logró ser identificada por el periodismo
nacional con relación a una tendencia particular. Por otro lado, se
viene desplegando, desde largo tiempo atrás, una actuación
específica en el campo del “periodismo científico”, que traduce
significativas estrategias corporativas con efectos estructurales en
la opinión pública y en la propia orientación periodística.
Finalmente, conviene tener
en cuenta que en el período inmediatamente posterior a la elección
de Mujica y anterior a la instalación de su mandato, el actual
presidente habría considerado la creación de un Ministerio de
Ciencia y Tecnología[8], que impedido quizás de concreción por la
exclusividad del planteo, se vio inmediatamente después explicitado
en un ataque a las letras y las humanidades, que no ha cesado hasta
el presente, por parte del propio presidente y de su entorno[9].
Tanto la virulencia de la
diferenciación entre un saber “aplicable” y otro “inútil”, como el
intento por menoscabar los ámbitos desde donde, más allá de
múltiples contradicciones, ha sido resistida la reorganización del
saber con signo neoliberal, marcan un campo de actuaciones
sugestivas. Estos protagonismos concitan cierta alianza entre el
poder político y el saber científico que no parece proclive a la
ciencia, sino a la tecno-ciencia. En condiciones de globalización
consolidada, esta trivialización utilitarista del saber encuentra,
en proveniencia de organismos internacionales y empresas
transnacionales, la mejor traducción por la propia vía de los
estados-nación[10]. Esta clave de lectura quizás permita entender
muchas ambigüedades que prosperan en ámbitos de la izquierda
uruguaya, incluso como efecto de estrategias que debieron
canalizarse desde el gobierno, ante el fracaso que sufrieron cuando
intentaron ganar los ámbitos democráticos específicos de su
incumbencia.
Notas:
[1] Bachelard, G. (1983) La formation de l’esprit
scientifique, Vrin, Paris, p.244.
[2] Agamben, G. (2008) Signatura Rerum, Vrin, Paris,
pp-14-17.
[3] Bacchetta, V. “Institucionalización de la
ciencia” Voces (06/12/12) Nº 370, p.23
https://2414f8b3-a-1cdd88af-s-sites.googlegroups.com/a/voces.com.uy
/web/ediciones/2012/archivos/voces370.pdf?
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(acceso el 16/12/12)
[4] Vernant, J-P. (1993) Mito y pensamiento en Grecia Antigua,
Ariel, España, pp.337-341. http://static.schoolrack.com/files/17592/435767/mitoy_
razon_en_grecia.pdf (acceso el 16/12/12)
[5] Ley Orgánica de la Universidad de la República
http://www.fing.edu.uy/sites/default/files/
2011/3196/leyorganicaudelar.pdf (acceso el 16/12/12)
[6] Viscardi, R. “La reforma universitaria y la cuestión de la
universidad en el Uruguay” (2009) Encuentros Uruguayos Nº2 (segunda
época) Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
Montevideo, pp.248-258 http://www.fhuce.edu.uy/images/archivos/
REVISTA%20ENCUENTROS%20URUGUAYOS%
202009.pdf (el artículo no se encontró on-line, lo enviamos al
lector en caso de requerirse y Encuentros Uruguayos lo mantiene
necesariamente en su archivo)
[7] “Universidad Tecnológica: Mesa Política del FA autoriza nueva
negociación” LaRed21 (08/12/12)
http://www.lr21.com.uy/politica/1077984-universidad-tecnologica-mesa-politica-del-fa-autoriza-nueva-negociacion
(acceso el 16/12/12)
[8] Viscardi, R. “Carta abierta al presidente electo, Sr. José
Mujica” Arjé Nº3 (segunda época)
https://www.box.com/shared/hc4ph1i6fz
(acceso el 16/12/12)
[9] “Ante el título universitario a otorgarse al presidente José
Mujica”
http://www.change.org/es/peticiones/ante-el-t%C3%
ADtulo-universitario-a-otorgarse-al-presidente-jos%C3%A9-mujica#description
[10] Viscardi, R. « Autonomía universitaria y crisis de Soberanía”
(2011) Fermentario Nº 5, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Montevideo,
http://www.fermentario.fhuce.edu.uy/index.php/
fermentario/article/view/83/20
* Publicado originalmente en
Tiempo de Crítica (Rev. Caras y Caretas) 29/12/12
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