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El mundo
enfrenta numerosas crisis políticas,
económicas, sociales y ambientales. Padece amenazas de
guerra y destrucción
y experimenta la militarización prácticamente mundial.
Hacia el final del milenio pasado se fundó la Organización
Mundial del Comercio (OMC), mientras la influencia
de las instituciones financieras internacionales (el
Banco
Mundial
y el Fondo
Monetario Internacional) se incrementó
en los países en desarrollo y en aquellos en transición
económica (especialmente
en Europa Oriental y las antiguas repúblicas soviéticas). Estas instituciones
y sus políticas dan forma a todas las políticas
económicas y sociales, al igual que a las estrategias de
desarrollo.
El poder
y la influencia de las instituciones financieras
internacionales
y la OMC y el creciente
predominio de los tratados multinacionales de comercio llevaron
a la imposición de programas de ajuste estructural, a la
liberalización
económica,
a la reducción del gasto público en los servicios
sociales, a la privatización de la administración
pública y al creciente papel e influencia del sector privado
en la formulación y la aplicación de las estrategias.
Estos factores también hicieron que los países se
desviaran de acuerdos y convenios internacionales en materia de
políticas de derechos humanos, erradicación
de la pobreza, desempleo, protección
ambiental
y marginación social.
La
región árabe y el desafío de la globalización
Las
amenazas para derrocar al régimen iraquí van en
aumento. La guerra contra Afganistán aún no ha
conquistado sus objetivos finales, y se anticipa que se extenderá
a los ámbitos financiero, económico y cultural
y que involucrará a otros países y regiones con
la excusa del combate al terrorismo. Esta guerra trae aparejado
un grave debilitamiento de los derechos humanos, las libertades
y la democracia a nivel nacional e internacional. También
va acompañada de uno de los escasos modelos actuales de
colonización extranjera directa, que se lleva a cabo en
Palestina y en parte de los territorios de Siria y Líbano.
La
"militarización de la globalización"
y la lucha contra el terrorismo
Dramáticos
acontecimientos internacionales apuntan a la tendencia de la
"militarización de la globalización",
que puede considerarse una consecuencia radical del fracaso de
la globalización y de las políticas económicas
tradicionales para asegurar la equidad social y económica.
Estos acontecimientos también indican el fuerte deseo
de fortalecer el control directo ejercido sobre los recursos
culturales, económicos e intelectuales del mundo por parte
de los poderes hegemónicos neoliberales.
Las
sociedades de Medio Oriente, individual y colectivamente, han
condenado los atentados terroristas del 11 de septiembre contra
civiles inocentes en Estados Unidos. Están convencidas
de que el terrorismo es un medio ilegítimo para resolver
búsquedas legítimas de justicia social y sistemas
internacionales justos. La guerra en curso contra Afganistán,
sin embargo, trasciende la reacción a estos atentados.
La guerra es un plan internacional lanzado para reforzar el predominio
internacional de ciertos intereses económicos e industriales
multilaterales.
La
guerra maneja numerosos calificativos y justificaciones, incluyendo
nombres ideológicos, políticos y hasta racistas.
Se divide al mundo en dos polos: el proestadounidense y el antiestadounidense/proterrorismo.
La guerra fue denominada la "Tercera Guerra Mundial contra
el terrorismo" por la Estrategia de Seguridad Nacional presentada
ante el Congreso de Estados Unidos. Este tipo de términos
fomenta enfrentamientos entre los pueblos y desata reacciones
fanáticas. Esto es acentuado por las tendencias globalizadoras
vigentes que han sido asociadas con la pobreza y la marginación
generalizadas y la profundización de la brecha entre el
Norte y el Sur y entre ricos y pobres.
Estas tendencias también están asociadas con el
predominio del doble discurso en las relaciones internacionales,
particularmente en la región árabe. Mientras Israel
(el único
Estado con armas nucleares en la región) viola los derechos humanos
y todas las resoluciones y convenciones de las Naciones Unidas,
Estados Unidos insiste en lanzar una guerra contra Iraq, sólo
porque éste último es capaz de fabricar armas estratégicas
y no respeta la democracia, los derechos humanos ni la equidad
social.
La
causa palestina y la ocupación israelí
Los
últimos acontecimientos militares suceden simultáneamente
con el agravamiento de las agresiones israelíes contra
el pueblo y los dirigentes palestinos. La violencia israelí
está basada en débiles justificaciones que anulan
el deseo palestino de sostener el desarrollo democrático
que es su derecho. La violencia estatal queda de manifiesto en
la sistemática reubicación de los palestinos y
la apropiación indebida de sus tierras, que parece ser
una prioridad del último gobierno israelí. Al mismo
tiempo, continúa la ocupación israelí de
territorios árabes en Palestina, Líbano y Siria.
A los palestinos se les priva de la libertad, la autodeterminación
y el derecho a volver a sus territorios. También se les
niega el derecho a fundar un estado independiente, en un contexto
de protección y respaldo evidente e ilimitado por parte
de Estados Unidos hacia Israel.
La
estabilidad, la paz y las oportunidades de desarrollo social
y económico en Medio Oriente no se materializarán
a menos que la ocupación israelí termine y los
asentamientos sean totalmente desmantelados. Se deben garantizar
derechos nacionales sólidos para los palestinos, específicamente
el derecho a retornar a sus tierras, a la autodeterminación
y a fundar un estado independiente en los territorios palestinos
según las leyes internacionales.
La
amenaza de la guerra contra Iraq
El
sufrimiento actual del pueblo iraquí es el resultado del
doble asedio que ejercen la dictadura y el régimen totalitario
iraquí, por un lado, y el injusto embargo impuesto por
la comunidad internacional, por el otro. La presencia militar
extranjera en el Golfo, las continuas amenazas de guerra y de
aniquilación del sistema político iraquí,
a pesar de que el régimen iraquí se sometió
a la resolución 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU,
y de la oposición popular y oficial internacional y árabe,
constituyen una grave amenaza a la estabilidad y la paz internacional,
y un obstáculo al desarrollo socioeconómico de
la región.
En
este contexto, la guerra en Afganistán y en otras regiones
en nombre de la guerra contra el terrorismo, la amenaza de guerra
contra Iraq, la ocupación y la creciente agresión
israelí en Palestina son todas expresiones tangibles de
la militarización de la globalización, que no es
sólo un problema árabe sino un desafío que
enfrenta el mundo entero. Esto implica, por tanto, la creación
de una alianza mundial en contra de la guerra, que prevenga a
la humanidad de sus catastróficos resultados.
Democracia
y derechos humanos
Los
pueblos árabes rechazan toda forma de violación
de su soberanía, independencia y autodeterminación,
y particularmente de todo tipo de presencia militar extranjera
en las naciones árabes, pero la respuesta religiosa fanática
no debería ser la alternativa a los sistemas en el poder.
El fortalecimiento de la democracia y de la participación
popular, el respeto de los derechos humanos y la justicia social
son todas condiciones necesarias para superar las dificultades
que padece la población árabe.
En
este contexto, varios informes y estudios internacionales, como
el último Informe sobre Desarrollo Humano Árabe,
publicado a principios de 2002 por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), subrayan el hecho de que los indicadores
de libertad, democracia y derechos humanos de los países
árabes están entre los peores del mundo.
Los
desafíos de desarrollo en la región y el sistema
de comercio internacional
En
lugar de aprobar medidas prácticas que reduzcan la brecha
entre el Norte y el Sur y de respaldar políticas para
aliviar la pobreza y el desempleo, la tendencia de las políticas
de los estados árabes es vincular el desarrollo con la
liberalización del comercio y relacionar los acuerdos
multilaterales sobre derechos ambientales, socioeconómicos
y culturales con los acuerdos de la OMC. Problemas fundamentales,
como el endeudamiento, la asistencia oficial al desarrollo, la
soberanía y la participación se centran en la liberalización
comercial, el fomento de la inversión extranjera directa,
la sustitución de convenciones y tratados multilaterales
por acuerdos y relaciones comerciales bilaterales con el sector
empresarial y las corporaciones transnacionales.
El actual sistema internacional de comercio gira en torno del
concepto del acceso a los mercados. Se espera que las negociaciones
comerciales y las soluciones a los conflictos aseguren el compromiso
de los países para garantizar el acceso mutuo a los mercados.
Se cree que los mercados abiertos conducen a sólidos principios
desarrollistas. El sistema internacional de comercio aún
se basa en incrementar el comercio y la volatilidad de capitales
de bienes y servicios, en lugar de buscar acuerdos comerciales
que garanticen el desarrollo de los países.
Para
poder establecer un sistema comercial justo, deben materializarse
dos requisitos previos. El primero es un contexto económico
internacional que permita a los países en desarrollo emplear
el comercio como un medio hacia el desarrollo y no como un fin
en sí mismo. El segundo es una vía de salida de
la actual crisis del sistema comercial que es consecuencia de
la exclusión de los países en desarrollo de los
mecanismos de toma de decisiones y su exposición a políticas
financieras y económicas inapropiadas.
El
argumento que relaciona la liberalización comercial con
el crecimiento económico no es válido teórica
ni empíricamente, especialmente dado que el comercio es
sumamente sensible a factores externos, capacidades locales y
recursos humanos. No hay evidencia que pruebe que la eliminación
de las barreras comerciales conduzca necesariamente a mejorar
el rendimiento económico. Las experiencias internacionales
confirman que las condiciones y reglamentaciones aplicadas por
la OMC son muy costosas y están fuera del alcance de muchos
países árabes.
Las
características adecuadas de un sistema de comercio mundial
El
comercio no es por sí mismo un objetivo; es un medio para
lograr un desarrollo local e internacional sostenible, equitativo
y equilibrado - un desarrollo humano. Por lo tanto, es necesario
reconsiderar el paradigma inexacto que relaciona la liberalización
comercial con el desarrollo, la erradicación de la pobreza
y la mejora de la vida de la gente.
El
sistema de comercio internacional ideal sería el marco
económico equilibrado que tome en cuenta las enormes diferencias
en capacidades productivas, industriales y comerciales de los
países desarrollados y en desarrollo. Ese sistema consideraría
las características nacionales que diferencian a cada
país de los demás, sin aplicar una fórmula
única a todos los países. El sistema internacional
de comercio debe reevaluar sus objetivos y mecanismos, para no
llevar a los países en desarrollo a incurrir en déficits
que finalmente los conduzcan a caer en la trampa de la deuda.
La
privatización de los servicios
Las
ideas derivadas del Consenso de Washington tuvieron un impacto
enorme en las reformas económicas de muchos países
en desarrollo. Sin embargo, la forma en que estos países
interpretaron esas ideas, y cómo optaron por implementarlas,
variaron significativamente. Las aplicaciones y consecuencias
de las políticas de liberalización y privatización
según el análisis de ocho países árabes(2) son la base
del siguiente análisis.
Antes
de analizar las tendencias en común halladas en las experiencias
de estos países, es importante señalar que existen
algunas diferencias de país en país en cuanto al
impacto de las políticas de liberalización y privatización.
Las consecuencias difieren según la posición de
cada país en el mercado financiero internacional (si son miembros o no
de la OMC, el Consejo de Cooperación del Golfo o EUROMED(3)), la naturaleza del sistema
económico (fuerte
interferencia estatal, liberalización institucionalizada
o transición económica) y la fecha de aplicación
de las políticas de liberalización. Asimismo, hay
diferencias destacadas en los sistemas políticos de cada
país en cuanto a leyes judiciales, electorales y de asociación,
y también en cuanto a la institucionalidad de sus partidos
políticos. La estructura institucional de cada país
determina la participación pública en el proceso
de toma de decisiones de la liberalización y la privatización.
Políticas
de liberalización y privatización: características
y aplicaciones
Una
tendencia común señalada en el diseño de
las políticas de liberalización y privatización
es la ausencia de una visión unificada y estratégica
de dichas políticas. De hecho, las políticas de
liberalización y privatización son aplicadas de
manera distinta en cada sector y cada caso de privatización
es tratado de manera distinta. Se percibe que los sectores de
servicios y no productivos (como
el de bienes raíces) están más sujetos a regulaciones
de liberalización que el sector industrial (por ejemplo, en Egipto
y Marruecos);
el lucrativo sector de servicios suele ser el primero en ser
rematado.
Otra
tendencia se observa en los gobiernos que aceptan el doble discurso
al crear asociaciones económicas con organizaciones regionales
como EUROMED. Aunque promueven el acuerdo del GATT, este tipo
de organizaciones sigue ejerciendo la protección de la
libre transferencia de la mano de obra, la producción
agrícola local y la industria textil, lo cual crea beneficios
diferenciales (como
en Egipto).
Asimismo,
se señala que a través del proceso de liberalización
de las economías y la privatización del patrimonio
público, el Estado institucionaliza cada vez más
su alejamiento del sector público (Egipto, Marruecos). Esto va de la mano con un
recuestionamiento sistemático del derecho universal a
los servicios estatales, como la educación y la salud.
La
aplicación de estas políticas carece de coherencia
y uniformidad, ya que el público no está al tanto
de las condiciones ni de los beneficiarios de los negocios de
privatización (Bahrein,
Túnez).
También puede mencionarse en este sentido la corrupción,
que puede provocar el descarrilamiento de todo el proceso y el
uso indebido de los ingresos del Estado. Asimismo, algunos países
han practicado una política de vaivén (de la licitación
pública a la nacionalización y de vuelta a la licitación), lo que provoca
la desconfianza de las instituciones internacionales en las economías
locales y disminuye su interés en los bienes públicos
puestos a licitación (Líbano).
Los
principales objetivos de las políticas de privatización
son vender los capitales públicos para activar el ciclo
económico y asegurar el crecimiento. No obstante, la paradoja
de este tipo de política es la incapacidad del Estado
para recrear empleos en el mercado laboral en expansión
debido a su alejamiento progresivo de la esfera económica
y la pérdida de control de sus sectores más lucrativos.
Una
tendencia común a la mayoría de las políticas
de privatización es su incapacidad o falta de voluntad
para incluir a la sociedad civil local en el proceso de toma
de decisiones. Esto se percibe mejor en la falta de transparencia
en la realización de los negocios de privatización,
así como en problemas políticos estructurales (falta de democracia,
falta de organización y movilización) que impiden
el desarrollo de voces críticas y la presentación
de alternativas a la privatización (Palestina, Bahrein, Jordania).
Consecuencias
observadas
Los
efectos de la liberalización y la privatización
aún no son totalmente aparentes a nivel nacional. Mientras
las estadísticas iniciales sobre el resultado directo
de la aplicación de estas políticas son obvias,
la evaluación a largo plazo de esos resultados no es tan
clara. Esto se debe principalmente a la aplicación relativamente
reciente de las políticas, cuyos efectos se percibirán
solamente en el futuro. Vale la pena mencionar que la privatización
está teniendo lugar bajo la presión de déficits
presupuestales que requieren de flujos de caja inmediatos. Esto
lleva a practicar la privatización al azar, sin siquiera
evaluar la factibilidad del caso. Además, la mayoría
de los sectores privatizados fueron rehabilitados y reestructurados
para ser lucrativos antes de su venta. La ausencia de comentarios
estratégicos generales sobre las consecuencias de estas
políticas está relacionada con la incapacidad de
las sociedades civiles locales y de las ONG para supervisar el
proceso de privatización y recabar datos confiables.
Aunque
se espera que la privatización inyecte divisas a los presupuestos
locales, la primera consecuencia directa de estas políticas
es el incremento de los déficits presupuestales debido
al descenso de los ingresos recaudados (Líbano, Túnez, Egipto
y Jordania).
El descenso de lo recaudado se atribuye a la plena aplicación
del acuerdo del GATT, que exime de impuestos a las transacciones
generales y los aranceles aduaneros (Egipto, Marruecos). En algunos casos, esta recaudación
fue sustituida por un nuevo sistema impositivo, como el Impuesto
al Valor Agregado, que tiene un fuerte impacto social en la población.
La
privatización o el crecimiento económico no implican
necesariamente una mejora social o el desarrollo social sostenido.
La finalidad de lucro en el proceso de privatización ejerce
presión para incrementar los márgenes de ganancia
y reducir los salarios. El descenso en los salarios afecta directamente
el nivel de vida de las clases media y baja, más sensibles
al incremento del costo de la salud y la educación, servicios
que ahora son prestados por agentes privados o semiprivados en
algunos países (Líbano,
Túnez, Marruecos).
Otra
consecuencia de las políticas de liberalización
y privatización es la incapacidad del sector público
de competir con las instituciones extranjeras debido a problemas
estructurales encontrados por este sector en términos
de ingreso de capitales, eficacia y prestación de servicios.
Algunos ejemplos serían los sectores del turismo y de
los servicios en Egipto, que padecen fuertes desventajas competitivas
con organizaciones internacionales que se benefician de la experiencia,
la planificación y la abundancia de efectivo. Esto provoca
la pérdida de participación de los servicios públicos
en los mercados locales, lo que los coloca directamente fuera
de la esfera económica (Egipto,
Marruecos, Bahrein y Líbano).
La
participación de las mujeres en la fuerza laboral árabe
sigue siendo menor, pero está mejorando, con algunas excepciones
(Sudán). El efecto
negativo de la privatización en la participación
de las mujeres en la fuerza laboral del país es evidente.
Esto se debe a la necesidad de reducir el número de empleados
con la esperanza de mejorar la eficacia. La correlación
entre la cantidad de empleados y la eficacia general no siempre
es válida, especialmente cuando otras variables (como el nombramiento
basándose en la afinidad política y no en el mérito) afectan la
productividad de los trabajadores. No obstante, al procurar eliminar
la mano de obra excedente, las políticas de privatización
que apuntan especialmente a los sectores de la salud y la enseñanza,
donde predominan las mujeres, afectan directa e injustamente
a las mujeres. Ellas son las primeras en ser despedidas en épocas
de crisis, principalmente por razones culturales que asignan
a las mujeres roles de género específicos (Túnez, Marruecos).
Otra
consecuencia destacada de la privatización es su efecto
negativo en el medio ambiente. Debido al creciente alejamiento
del Estado de las esferas económicas, el mismo está
menos capacitado para hacer cumplir las leyes que protejan el
medioambiente. Asimismo, debido al crecimiento de los niveles
de pobreza absoluta (90% en Sudán), la población
está obligada a buscar medios alternativos de supervivencia,
generalmente a costas de la sostenibilidad ambiental.
Algunos
modelos específicos de privatización y liberalización
El
informe palestino de Social Watch de este año señala
que el debate político sobre la privatización está
actualmente en espera, como resultado de la singular dependencia
de ese país en fuentes privadas o públicas para
la prestación de servicios básicos como la salud
y el agua. Debido a la ausencia histórica y la incapacidad
crónica del Estado para proveer servicios a la población,
los palestinos dependen de las ONG extranjeras para los servicios
sanitarios y del gobierno israelí para el abastecimiento
del agua para saneamiento y riego.
La
inestabilidad social interna tiene efecto directo en el modelo
de privatización de algunos países, como es el
caso de Sudán. El gobierno federal de Sudán comenzó
la liberalización y la privatización ya en los
años 70. Aunque el país cumplía sus metas
del pago de la deuda, instituciones financieras internacionales
como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no podían
reestructurar el servicio de la deuda ni reducirla debido a vetos
políticos y económicos externos contra el régimen
de gobierno sudanés. Los efectos negativos de las sanciones
internacionales, junto con las consecuencias negativas de la
privatización, sólo fueron acentuados por el conflcito
civil interno, que llevó la pobreza extrema a niveles
alarmantes.
Hacia
una alianza internacional contra la guerra y una globalización
alternativa
En
virtud de esta compleja realidad y de los peligrosos cambios
geopolíticos que enfrenta la región, existe la
necesidad de que las organizaciones árabes de la sociedad
civil, a través de movimientos sociales y ONG, participen
del proceso de decisiones políticas y de la supervisión
de las políticas nacionales que conduzcan a economías
y servicios más liberalizados. Deben luchar para alcanzar
la justicia social basada en el respeto de los derechos humanos,
la democracia, la participación, la autonomía del
sistema y las instituciones judiciales y la protección
del ambiente.
La
consecuencia principal de la privatización y la transferencia
insuficiente, incoherente y poco transparente de propiedad al
sector privado es el incremento del sufrimiento de la población.
Por consiguiente, es necesario reformular las políticas
nacionales basadas en la transparencia y la responsabilidad.
Deben fortalecerse las organizaciones de la sociedad civil e
instaurarse sistemas democráticos para asegurar que la
propiedad no se transfiera a terceros relacionados con los funcionarios
de gobierno, y que los ingresos del Estado no sean empleados
en forma indebida.
Además,
deben reforzarse las relaciones entre ONG, movimientos sociales
y sociedades civiles del Norte y aquellas de los países
árabes. Son necesarias alianzas regionales fuertes con
organizaciones internacionales importantes, basadas en la clara
comprensión de la globalización liberal y sus amenazas.
Esto debe acompañarse con una visión de alternativas
posibles fijada por coaliciones populares.
Deben
hacerse las gestiones para construir un mundo diferente donde
reinen la paz, la justicia, la libertad y la democracia. Otro
mundo árabe es aún posible.
El autor agradece
la ayuda de Zena Halaba.
Notas:
(2) Sudán,
Egipto, Líbano, Marruecos, Palestina, Túnez, Jordania
y Bahrein.
(3) Euro-Mediterranean Partnership.
*Publicado
originalmente en Social
Watch
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